REVISIÓN DEL T-MEC: ALERTAS FISCALES PARA EMPRESAS MEXICANAS ANTES DE 2026.

El 28 de octubre de 2025, la Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó un documento a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que establece la posición del sector privado estadounidense a medida que se prepara la revisión del T-MEC, la cual está prevista para finalizar el 1 de julio de 2026. Aunque el contenido está diseñado para impactar la estrategia de Estados Unidos, también resalta las políticas regulatorias, energéticas, comerciales y de inversión en México, afectando aspectos que van más allá del comercio: incide en la seguridad jurídica y la estructura impositiva.

• Procesos regulatorios y administrativos impredecibles en sectores como energía, infraestructura, transporte y manufactura.
• Demoras en permisos, cambios unilaterales y menor cumplimiento de compromisos del T-MEC.
• Uso deficiente o tardío de los mecanismos de solución de controversias.
• Trabas operativas que afectan cadenas de suministro y logística transfronteriza.

Cuando la inversión percibe incertidumbre o discrecionalidad, se encarece el cumplimiento, sube el riesgo de litigios y, a la larga, se resienten la recaudación y la formalidad. El posicionamiento estadounidense anticipa un entorno donde las autoridades mexicanas deberán acreditar legalidad y proporcionalidad en auditorías y criterios administrativos.

• Cumplimiento técnico reforzado: controles documentales, contratos intercompañía claros y papeles de trabajo de precios de transferencia robustos.
• Trazabilidad en cadenas de suministro: reglas de origen, inventarios y flujos IMMEX con evidencia en tiempo real.
• Sustancia económica: demostrar funciones, riesgos y activos en México para resistir auditorías coordinadas.
• Gobernanza fiscal y legal: protocolos internos para responder a verificaciones de comercio exterior y requerimientos de información transfronterizos.

El posicionamiento dedica especial atención a la política energética mexicana. Para hidrocarburos, electricidad y combustibles, esto implica revisar con lupa el cumplimiento de IEPS, derechos, regalías, aduanas y deducibilidad de inversiones. Cualquier trato que luzca asimétrico puede escalar a controversias estatales o de inversionistas.

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